COMUNICADO POR UNOS SERVICIOS SOCIALES DIGNOS. NO A LOS RECORTES SOCIALES.

Representantes de diferentes colectivos sociales de Bizkaia y sindicatos se concentrarán, a las puertas de la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao, para denunciar el recorte de derechos sociales que supone la restricción en el acceso a las Ayudas de Emergencia Social mediante la reducción del patrimonio máximo del que puede disponer una familia y el frustrado intento de retirada de la Renta de Garantía de Ingresos a 6.262 familias vascas. Todas estas medidas van a repercutir de forma más negativa en las personas y familias que se encuentran en peor situación económica. El Gobierno Vasco debería explicar a la opinión pública, y más en concreto a las familias y personas más desfavorecidas de nuestra comunidad, cómo es posible su actual política social que no garantiza el acceso a las familias vascas a unos mínimos derechos sociales básicos.


El nuevo año comienza con un nuevo recorte social por parte del Gobierno Vasco: el endurecimiento de los requisitos y formas de acceso a las Ayudas de Emergencia Social, producto de una dotación presupuestaria insuficiente que garantice el acceso a esta prestación social a todas las familias solicitantes de la misma. Debemos de recordar que 6.500 familias no han podido acceder a esta ayuda social durante el año 2010 por agotamiento de la partida presupuestaria. Ante esta realidad, desde el Gobierno Vasco, se ha decidido realizar un nuevo recorte social en lugar de dotar de los recursos económicos suficientes para consolidar esta ayuda social.

Después de haber convertido en sospechosas a las personas con más necesidades, ahora se anuncian desde el Gobierno Vasco nuevos recortes sociales, evidenciando su actual política social: implacable con los más débiles y más preocupado por cubrir sus necesidades presupuestarias que por solucionar las problemáticas sociales. Desde el Gobierno Vasco, y de forma consciente, se ha dado a entender que los perceptores de las ayudas sociales cometen fraude, cuando se trata de personas que necesitan esos ingresos simple y llanamente para sobrevivir. Puestos a hablar de fraude sería conveniente señalar el fraude fiscal, que actualmente está cuantificado en 10.000 millones de euros; o la existencia sólo en Bizkaia de 27.089 multimillonarios, que poseen más de 300.000 euros y manejan un patrimonio económico de 28.438 millones (es decir, el 1,2% de la población controla el 44,7% del total del PIB). Para estas situaciones de fraude no hay ningún tipo de control por parte de la administración vasca.

El sistema de protección social que se ha ido configurando en nuestro país en los últimos años está diseñado para beneficiar por igual a toda la población, y no sólo a unos colectivos determinados —personas migradas o de etnia gitana, colectivos marginales, etc— como malintencionadamente algunos se empeñan en hacernos creer. Así, supone toda una garantía incluso para quienes no se han visto en la necesidad de recurrir a él ni probablemente lo vayan a hacer en el futuro (del mismo modo que la existencia de una sanidad pública lo es para quien no ha pisado nunca un hospital). Buena prueba de ello es que la actual “crisis” ha empujado al desempleo y la pobreza a miles de personas que se han visto obligadas a recurrir a estas ayudas sociales, aunque nunca hasta ahora pensaron que fueran a necesitarlo.

SINDICATOS:

ELA, CCOO, LAB, ESK, STEE-EILAS, CGT y CNT

COLECTIVOS SOCIALES DE BIZKAIA:

Asamblea de Parad@s de Barakaldo y Sestao, Berri-Otxoak, Consejo de la Juventud de Euskadi, Danok Lan, Argilan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos y SOS Racismo.