CARITAS ESPAÑOLA HACE PÚBLICO UN INFORME SOBRE "LA SITUACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES ACOMPAÑADOS POR CARITAS" 

A continuación se resumen las constataciones del informe y las propuestas que lanza.

Constataciones del Informe


Entre las constataciones que recoge el Informe –y que fueron detalladas por Ana Abril, directora del Área de Desarrollo Social e Institucional-- se señalan las barreras con las que se encuentran a la hora de acceder al Padrón Municipal, en su mayoría motivadas por una dudosa interpretación de la legislación vigente que desvirtúa la propia naturaleza del Padrón. “Limitar el empadronamiento a los inmigrantes –se afirma-- supone de hecho restringir el acceso al resto de derechos sociales (salud, educación, vivienda y empleo), e impedir la integración económica, política y social de estas personas en nuestra sociedad”.

El desempleo y los problemas de precarización y explotación laboral es otra de las “sangrías” de la situación social de los inmigrantes atendidos por Cáritas. De hecho, el 60 por ciento de los inmigrantes que acuden a Cáritas están en paro. Y los que tienen un puesto de trabajo lo hacen en empleos con una mayor tasa de temporalidad, en sectores de actividad más precarios y mal remunerados. Además, se están multiplicando las situaciones de explotación laboral, sin contrato ni seguridad social que sufren los inmigrantes que recurren a la economía sumergida como única vía para sobrevivir.

En el capítulo de la vivienda, el informe recoge las graves dificultades con las que se encuentran los inmigrantes ante el pago de hipotecas, además del aumento de situaciones de hacinamiento y su elevada movilidad residencial. Aún así, estas personas no muestran unas tasas de morosidad mayores que las de los ciudadanos autóctonos, como tampoco se detectan dificultades significativas de convivencia con la población local.

Situación jurídica

El apartado dedicado a abordar la situación jurídica de los inmigrantes acompañados por Cáritas se centra en el problema del incremento de las situaciones de irregularidad sobrevenida. Los agentes de las distintas Cáritas Diocesanas señalan que un tercio del total de personas inmigrantes acompañados se encuentran en situación administrativa irregular y expresan su alarma sobre el preocupante incremento de las situaciones de irregularidad sobrevenida al no poder renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo. La causa principal de ello ha sido la rigidez de las condiciones exigidas para la renovación.

Para Cáritas, como señala el Informe, este hecho “evidencia los riesgos y las posibles fracturas sociales de una política migratoria que únicamente se configura en torno al mercado laboral y que no toma en cuenta a los inmigrantes como personas, con vínculos y relaciones familiares”. “Estas situaciones –se añade-- son más graves de lo que han sido nunca, porque no sólo afectan al inmigrante, sino a todos los reagrupados vinculados a él. Son personas y familias que, por falta de previsión, se ven condenadas a vivir en la clandestinidad y abocados a trabajar en la economía sumergida”.

Dentro de este mismo capítulo, el Informe apunta también a la ausencia de contrato de trabajo como la mayor dificultad a la que se enfrentan los inmigrantes a la hora de gestionar el arraigo, lo que es consecuencia directa del impacto de la crisis en estas personas. Asimismo, en cuanto a la reagrupación familiar, se advierte que las mayores barreras están en las condiciones económicas del reagrupante, las condiciones de la vivienda de éste y los obstáculos en la gestión con los consulados.

Política social pública

El informe revela que en más de la mitad del territorio del Estado, se han eliminado, sobre todo, servicios orientados hacía la integración de los inmigrantes, seguidos de aquellos dirigidos hacia la atención primaria y la acogida, y, en menor medida, los servicios de mediación, asesoramiento y acompañamiento jurídico. Esta situación está provocando que Cáritas esté supliendo al Estado a la hora de atender a las personas inmigrantes.

Este cierre de servicios viene motivado por los sucesivos recortes presupuestarios producidos en temas de integración, que tienen como caso más paradigmático el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes, que ha sufrido un recorte de un 70%, al pasar de una dotación de 200 millones de euros (2008) a los apenas 61 millones (2011).

Junto a ello, se denuncian las incoherencias y contradicciones entre lo que algunos representantes públicos dicen en sus discursos sobre integración y convivencia, y las medidas prácticas que las diversas Administraciones implementan en la acción social pública. Además, algunas Cáritas señalan cómo algunos de esos representantes “están aprovechando la coyuntura actual para sacar rédito electoral, con unos discursos que claramente suponen un obstáculo para la convivencia y la cohesión social”.

“Las preocupantes declaraciones lanzadas por algunos responsables políticos durante todo el año (negativa a empadronar extranjeros en situación irregular, la problemática concerniente a la discusión sobre los mínimos de habitabilidad de las viviendas, la sanción a los caseros que permitan o promuevan el hacinamiento, la cuestión del velo o el tan socorrido contrato de integración) se insertan en una dialéctica electoral en las que el migrante se convierte en un arma arrojadiza” se lee en el Informe.

Otro aspecto que se recoge es el aumento de los controles de identificación a los inmigrantes en locutorios, parques, e intercambiadores de transporte público, unas prácticas que se han hecho extensivas también a los propios recursos y dispositivos que Cáritas tiene para la acogida de inmigrantes, a los que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado acceden con distinta periodicidad para solicitar información de carácter personal sobre los inmigrantes acogidos en esos centros.

Percepción social y actitudes ante la inmigración

Se detecta, en otro de los apartados, un aumento en la percepción negativa de la inmigración por parte la sociedad, inducida, sobre todo, por la situación económica de los últimos tres años. Se constata un aumento de prejuicios racistas y xenófobos en nuestros barrios y ciudades, y que, en la actual situación de crisis, se culpe a los inmigrantes de mucha de la precariedad económica y social que sufrimos. El “otro” se siente como amenaza en el acceso a recursos sociales (prestaciones sociales –como becas o supuestas “ventajas” fiscales-- y sanitarias) y laborales (empleo).

Propuestas

El capítulo final del Informe incluye una serie de propuestas dirigidas a garantizar el acceso de los inmigrantes a los derechos sociales básicos. Merecen destacarse las siguientes:

- Garantizar el acceso al Padrón Municipal.

- Elaborar un Plan Integral de Lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, en el que se reconozcan las medidas de protección y los supuestos de personas víctimas, y cuyo ámbito de aplicación se extienda tanto a personas extranjeras como españolas o comunitarias.

- Ratificar la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias.

- Modificar la normativa para solucionar el problema del impago de hipotecas, mediante una reforma legislativa urgente de nuestro sistema hipotecario que proteja a las familias de las graves situaciones que están sufriendo en este tema. Cáritas propone que se adopte el sistema anglosajón de dación en pago.


- Habilitar soluciones para los inmigrantes en situación administrativa irregular. El Gobierno debe articular medidas que permitan erradicar las situaciones de vulnerabilidad e indefensión que sufren estas personas como consecuencia de su situación administrativa, promoviendo un paquete de derechos básicos de ciudadanía social que les garantice el acceso en igualdad de condiciones a estos derechos.

- Detener las situaciones de irregularidad sobrevenida. Se deberían retirar alguna de las exigencias documentales que se incluyen en el borrador de Reglamento de extranjería con respecto a la renovación de algunas autorizaciones (como la de reagrupación familiar).

- Velar por el cumplimiento estricto de la ley en los controles selectivos. Debemos prevenir sobre uno de los mensajes implícitos que estas prácticas traen consigo y que ponen en peligro la convivencia al asociar inmigración a delito. Es urgente que todos recordemos, una vez más, que encontrarse en situación irregular NO es un delito.

- Limitar el acceso de las fuerzas de seguridad a nuestros centros y servicios. Cáritas supone para muchos ciudadanos, migrantes o no, un lugar de acogida, de refugio, de escucha, de seguridad. No podemos poner en riesgo este principio de intervención. Por tanto, pedimos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado accedan a los dispositivos de Cáritas para solicitar información sobre los datos personales de los residentes únicamente en aquellos casos en los que medie una situación de peligro real (excepcional, por tanto) o para intervenir ante una infracción penal (situación individual).

- Incrementar la dotación presupuestaria para los servicios destinados a la Integración.

- De cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, solicitamos a todos nuestros representantes que se pongan manos a la obra para impulsar un Acuerdo marco por la Inmigración sobre el que cimentar una sociedad de acogida más plural y cohesionada.

- Detener las actitudes racistas y xenófobas mediante campañas y acciones que combatan los estereotipos que alimentan acciones de discriminación, racismo y xenofobia, y contribuyan a convertir los barrios de nuestras ciudades en comunidades más acogedoras.