Según explica la Audiencia en un comunicado, la Hacienda de Francia informó en mayo de 2010 a la española de que el banquero y sus familiares figuraban en la relación de personas con dinero en Suiza que se dio a conocer en 2010 y que no habían declarado estos fondos entre los años 2005 a 2009. Además, las cantidades defraudadas por Botín y sus familiares superan los 120.000 euros por contribuyente, ya que este es el mínimo a partir del cual la evasión se puede considerar delito y procesarse por la vía penal.
Tras esta notificación, la Agencia Tributaria requirió a los denunciados que presentasen sus declaraciones de estos cuatro años, que en su mayor eran complementarias de las previamente presentadas en el plazo voluntario de la declaración. No obstante, ante la "ingente documentación" presentada por Botín y sus familiares, Hacienda se declaró "incapaz de determinar si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces" y traspasó el caso a la Fiscalía Anticorrupción.
El Ministerio Fiscal, ante la inminente prescripción el próximo 30 de junio del delito, optó por denunciar el caso ante la Audiencia, donde fue admitida a trámite por el titular del juzgado número 4 de esta instancia, Fernando Andreu, para poder seguir investigando si hay delito o no en la actuación del presidente del Santander, el mayor banco de España, y sus familiares.
A partir de ahora, la investigación de la documentación fiscal presentada correrá a cargo de dos peritos de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria. Ellos serán los responsables de confirmar si los denunciados han regularizado su situación fiscal. El titular del juzgado recuerda que, dado que la Administración no ha sido capaz de concluir las investigaciones, toca concluir el caso "en el proceso penal, con las garantías y derechos que en el mismo se reconocen, y que deba ser declarada por un juez o tribunal".
Contra la decisión del magistrado de admitir la denuncia se puede interponer un recurso de reforma ante el propio juzgado, concluye la nota. Además, el juez Andreu recuerda que "en el supuesto de que las regularizaciones practicadas por los contribuyentes sean completas y veraces" se exculpará a los denunciados y se archivarán las diligencias.
El caso tiene su origen en 2006, cuando un empleado del HSBC Private Bank robó los datos de 24.000 clientes que tenían su dinero en el paraíso fiscal de Suiza y se los pasó, cuatro años después, a las autoridades francesas. La Hacienda francesa investigó a los contribuyentes de este país que aparecían en la lista por un presunto delito de evasión fiscal y trasladó a otros países, entre ellos España, la relación de sus nacionales con dinero en la la filial del HSBC. De los 24.000 ricos que aparecían en la lista, 15.000 de ellos seguían teniendo fondos en 2009 en Suiza, país que ha hecho del secreto bancario su principal señal de identidad.
Cuando la Agencia Tributaria española recibió los nombres de 1.500 supuestos defraudadores, que fue la primera cifra que se dio, con unos 6.000 millones en el paraíso fiscal, les remitió una carta a principios del pasado verano rogándoles que explicaran y, en su caso, regularizaran su situación con Hacienda. Pero la iniciativa, dirigida contra contribuyentes con recursos suficientes para llevar su dinero a Suiza, no tuvo mucho éxito. Por ese motivo, decidió, tras un cambio en la dirección de la Agencia Tributaria, abrir una inspección a los 1.500 contribuyentes incluidos en la lista, cifra que después rebajó a 659 ya que algunos de los investigados eran titulares de varias cuentas.
De estos 659 contribuyentes, fuentes de Hacienda recuerdan que unos 300 -entre ellos Botín, sus hijos, su hermano y sus familiares- regularizaron voluntariamente su situación tras la apertura de las inspecciones. Entre todos los inspeccionados, se abonaron al Fisco 260 millones de euros, una cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que esta era la cuota tributaria (más intereses de demora) del total de dinero depositado en Suiza. Estos fondos tributan a un 18% (el tipo vigente en el año de los supuestos delitos, ya que ahora es del 21%) si se puede justificar su origen como rendimientos de capital. En caso de ser un dinero con origen injustificable, se el aplica el 43%, el tipo máximo del IRPF. Aunque no es una regla oficial, la filial suiza del HSBC suele exigir un capital mínimo de 1,6 millones para abrir una cuenta.
No obstante, las explicaciones ofrecidas por los contribuyentes no convencieron en todos los casos a Hacienda, que remitió los datos de los contribuyentes a la Fiscalía Anticorrupción el pasado enero cuando la cantidad a regularizar era superior a los 120.000 euros que convierten el no pagar impuestos en delito. Fruto de ello, Botín ha sido denunciado ahora ante la Audiencia Nacional en el primero proceso penal que se conoce por las cuentas en Suiza del HSBC.
http://www.elpais.com/articulo/economia/Audiencia/investiga/Botin/familia/evasion/fiscal/elpepueco/20110616elpepueco_7/Tes
