DIA INTERNACIONAL DE APOYO A LAS VICTIMAS DE LA TORTURA
Amnistía Internacional denuncia casos de tortura y malos tratos en más de 98 países
Madrid.- En el día internacional de apoyo a las víctimas de tortura, Amnistía Internacional denuncia que la práctica de la tortura y los malos tratos es generalizada en todas las regiones del mundo. En 2010, la organización documentó casos específicos en 98 países.
Amnistía Internacional presenta el Informe: “La tortura como receta: de la lucha antiterrorista a la represión de la primavera árabe” en el que pide a los gobiernos que cumplan la prohibición total de la tortura, así como las prácticas que la favorecen, como son las distintas formas de detención ilegal y los juicios sin garantías; que lleven a cabo investigaciones independientes sobre las denuncias relativas a estas violaciones de derechos humanos y que garanticen una reparación plena a las personas que hayan resultado perjudicadas por ellas.
Ausencia de rendición de cuentas
La tortura y los malos tratos son viejas recetas aplicadas con diferentes excusas pero con un elemento común en muchos lugares del mundo: la casi total impunidad y la ausencia de rendición de cuentas de los responsables de estas graves violaciones de los derechos humanos. A pesar de las numerosas denuncias de abusos, muy pocos de sus autores han sido obligados a responder de sus actos, y casi siempre han sido funcionarios de baja graduación.
Las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto tienen derecho a conocer la verdad sobre esos abusos, incluida la identidad de los autores.
La amenaza “terrorista” como excusa
Estados Unidos, Iraq, Afganistán Lituania o Reino Unido han utilizado la excusa de la amenaza “terrorista” para desobedecer el derecho internacional y cometer violaciones de derechos humanos. Pero son muchos más los países que reprimen la disidencia pacífica, torturan a quienes han sido detenidos por motivos de seguridad, someten a personas a reclusión sin cargos ni juicio por tiempo indefinido y a desaparición forzada, y cometen abusos de muy diversa índole, todo ello en nombre de la seguridad.
Un ejemplo especialmente llamativo es Turquía donde miles de menores, algunos de sólo 12 años, han sido enjuiciados en virtud de la legislación antiterrorista, solamente por su presunta participación en manifestaciones que el gobierno consideró que apoyaban el “terrorismo”. El gobierno enmendó en julio de 2010 esta legislación, pero Amnistía Internacional continúa alerta para evitar que los menores sean juzgados como adultos.
En muchos lugares más se han registrado numerosos casos de detención administrativa, detención en régimen de incomunicación, detención secreta y desaparición forzada. Cuando a la detención se añaden el hermetismo o el aislamiento del mundo exterior, las personas detenidas están gravemente expuestas al riesgo de sufrir tortura, vejaciones y otros malos tratos. Las víctimas de desaparición forzada suelen ser torturadas y, con demasiada frecuencia, matadas en secreto. Sus familiares no tienen forma de saber si sus seres queridos están vivos o muertos, y esa incertidumbre constituye trato cruel, inhumano y degradante.
Por si fuera poco, los grupos armados también han destacado por un uso generalizado de la tortura en interrogatorios o como forma de presión a sus detenidos en todos los conflictos abiertos en el mundo.
Represión de disidencia en Norte de África y Oriente Próximo
Si el año 2001 quedó marcado por los terribles atentados de Nueva York y Washington, diez años después, el 2011, probablemente se recordará por las revueltas y manifestaciones que se han extendido por varios países del Norte de África y Oriente Próximo. Las protestas de la llamada “primavera árabe” dieron voz a millones de personas que, hartas de los terribles abusos perpetrados por sus gobiernos, salieron a la calle en Túnez, Egipto, Libia, Siria, Bahréin, Marruecos o Yemen para exigir, de forma pacífica en su mayoría que se respetaran sus derechos y su dignidad. La respuesta de los Gobiernos fue la represión.
En Siria, por ejemplo, varios miles de personas continúan detenidas en régimen de incomunicación y, dado que el gobierno aplica la tortura de manera sistemática desde hace muchos años, corren peligro de ser torturadas. Y en Bahréin, la ley del estado de excepción se ha empleado para detener sin orden judicial y recluir en régimen de incomunicación a manifestantes y activistas políticos durante las protestas, así como para juzgar a civiles ante tribunales militares. Hay mucha preocupación por la seguridad de las personas detenidas, especialmente tras varias denuncias de muertes bajo custodia. Al no tener acceso a abogados ni a visitas de familiares, se dan las condiciones propicias para que se cometan torturas y otros graves abusos.
Garantías diplomáticas
En Europa, si bien a lo largo del último año se dieron algunos pasos hacia el reconocimiento del papel que habían jugado algunos gobiernos en el programa de entregas extraordinarias y detención secreta dirigido por la CIA y hacia la rendición de cuentas, también se extraditó a presos acusados de terrorismo a países donde podían ser víctimas de torturas y/o malos tratos.
En los últimos años, países como España, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Suecia han transferido detenidos a países cuyos gobiernos se sabe que utilizan la tortura –incluso de manera sistemática o generalizada– apoyándose en promesas formuladas por dichos gobiernos de que no torturarán a los detenidos. En realidad, estas llamadas “garantías diplomáticas” y otros acuerdos semejantes no son dignos de crédito y se utilizan para eludir las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados.
Otros lugares como China, Brasil, México o Israel, Costa de Marfil o la República Democrática del Congo ni siquiera precisan de una excusa para aplicar la tortura. Hacen uso de la brutalidad policial, las detenciones arbitrarias, la tortura y otras formas de malos tratos, para reprimir y castigar la disidencia, la libertad de expresión y de conciencia o para silenciar a quienes defienden los derechos humanos.
Las mujeres, en el punto de mira
La discriminación basada en el género hace que, en numerosas ocasiones, los gobiernos y grupos armados decidan elegir a las mujeres como blanco, empleando métodos alternativos o adicionales contra ellas, tanto para humillar y degradar a las propias mujeres por el hecho de serlo, como para silenciar y doblegar la voluntad la de sus familias y comunidades.
Un ejemplo reciente se ha producido en Egipto. Varias manifestantes detenidas en la plaza de Tahir de El Cairo en marzo pasado presentaron denuncias de tortura. Al menos 18 mujeres fueron puestas bajo custodia militar. Según los informes, fueron golpeadas, les aplicaron descargas eléctricas, las sometieron a registros corporales sin ropa mientras soldados varones las fotografiaban, y fueron obligadas a someterse a “pruebas de virginidad”.
Las mujeres a quienes se considera poseedoras de una identidad religiosa, racial o migratoria especial y las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero se enfrentan a formas particulares de discriminación y son víctimas de abusos contra sus derechos humanos. Si además asumen un papel activo como agentes del cambio, se hacen activistas o defienden los derechos humanos, desafiando a quienes intentan imponer unas normas de género discriminatorias, son objeto de persecución por un doble motivo: por lo que son y por lo que hacen.
España: el empeño de negar la evidencia
La falta de medidas de los sucesivos gobiernos españoles para tratar el problema de la tortura ha exacerbado un clima de impunidad que fomenta la aparición de nuevos casos de maltrato año tras año. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en varias ocasiones a España por no investigar de manera adecuada las alegaciones de tortura. En 2010, continuaron estas denuncias. Tampoco se tomaron medidas para recopilar y publicar datos sobre casos que pudieran suponer violaciones de derechos humanos contra personas bajo custodia policial, como establecía el Plan de Derechos Humanos aprobado en 2008.
Aunque en mayo de 2010, Naciones Unidas recomendó a España la abolición del régimen de incomunicación a personas sospechosas de actividades “terroristas”, el Gobierno volvió a rechazar estas recomendaciones. España es el único país de la Unión Europea que conserva un régimen de detención con restricciones tan severas de los derechos de las personas detenidas. Éstas pueden verse privadas de acceso efectivo a un abogado o a un médico de su elección, y no tienen la posibilidad de informar de su detención a su familia ni a sus amistades. La detención en régimen de incomunicación puede imponerse antes o después de que la persona detenida comparezca ante una autoridad judicial y puede alargarse hasta 13 días.
Las denuncias de tortura y otros malos tratos formuladas por detenidos que han estado en régimen de incomunicación demuestran las graves consecuencias que este régimen de detención puede tener. La organización ha pedido su derogación en múltiples ocasiones, así como la garantía de protección efectiva de los derechos de todas las personas privadas de libertad, conforme a las normas internacionales.
Información adicional
Pese a la prohibición universal de la tortura, no hay ninguna región del mundo que esté libre de esta violación de derechos humanos. A raíz de la presión de Amnistía Internacional y de otras organizaciones, las Naciones Unidas adoptaron la Convención contra la Tortura en 1984.
Aunque 147 países han ratificado este tratado internacional, la tortura sigue siendo una práctica generalizada.
Amnistía Internacional presenta el Informe: “La tortura como receta: de la lucha antiterrorista a la represión de la primavera árabe” en el que pide a los gobiernos que cumplan la prohibición total de la tortura, así como las prácticas que la favorecen, como son las distintas formas de detención ilegal y los juicios sin garantías; que lleven a cabo investigaciones independientes sobre las denuncias relativas a estas violaciones de derechos humanos y que garanticen una reparación plena a las personas que hayan resultado perjudicadas por ellas.
Ausencia de rendición de cuentas
La tortura y los malos tratos son viejas recetas aplicadas con diferentes excusas pero con un elemento común en muchos lugares del mundo: la casi total impunidad y la ausencia de rendición de cuentas de los responsables de estas graves violaciones de los derechos humanos. A pesar de las numerosas denuncias de abusos, muy pocos de sus autores han sido obligados a responder de sus actos, y casi siempre han sido funcionarios de baja graduación.
Las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto tienen derecho a conocer la verdad sobre esos abusos, incluida la identidad de los autores.
La amenaza “terrorista” como excusa
Estados Unidos, Iraq, Afganistán Lituania o Reino Unido han utilizado la excusa de la amenaza “terrorista” para desobedecer el derecho internacional y cometer violaciones de derechos humanos. Pero son muchos más los países que reprimen la disidencia pacífica, torturan a quienes han sido detenidos por motivos de seguridad, someten a personas a reclusión sin cargos ni juicio por tiempo indefinido y a desaparición forzada, y cometen abusos de muy diversa índole, todo ello en nombre de la seguridad.
Un ejemplo especialmente llamativo es Turquía donde miles de menores, algunos de sólo 12 años, han sido enjuiciados en virtud de la legislación antiterrorista, solamente por su presunta participación en manifestaciones que el gobierno consideró que apoyaban el “terrorismo”. El gobierno enmendó en julio de 2010 esta legislación, pero Amnistía Internacional continúa alerta para evitar que los menores sean juzgados como adultos.
En muchos lugares más se han registrado numerosos casos de detención administrativa, detención en régimen de incomunicación, detención secreta y desaparición forzada. Cuando a la detención se añaden el hermetismo o el aislamiento del mundo exterior, las personas detenidas están gravemente expuestas al riesgo de sufrir tortura, vejaciones y otros malos tratos. Las víctimas de desaparición forzada suelen ser torturadas y, con demasiada frecuencia, matadas en secreto. Sus familiares no tienen forma de saber si sus seres queridos están vivos o muertos, y esa incertidumbre constituye trato cruel, inhumano y degradante.
Por si fuera poco, los grupos armados también han destacado por un uso generalizado de la tortura en interrogatorios o como forma de presión a sus detenidos en todos los conflictos abiertos en el mundo.
Represión de disidencia en Norte de África y Oriente Próximo
Si el año 2001 quedó marcado por los terribles atentados de Nueva York y Washington, diez años después, el 2011, probablemente se recordará por las revueltas y manifestaciones que se han extendido por varios países del Norte de África y Oriente Próximo. Las protestas de la llamada “primavera árabe” dieron voz a millones de personas que, hartas de los terribles abusos perpetrados por sus gobiernos, salieron a la calle en Túnez, Egipto, Libia, Siria, Bahréin, Marruecos o Yemen para exigir, de forma pacífica en su mayoría que se respetaran sus derechos y su dignidad. La respuesta de los Gobiernos fue la represión.
En Siria, por ejemplo, varios miles de personas continúan detenidas en régimen de incomunicación y, dado que el gobierno aplica la tortura de manera sistemática desde hace muchos años, corren peligro de ser torturadas. Y en Bahréin, la ley del estado de excepción se ha empleado para detener sin orden judicial y recluir en régimen de incomunicación a manifestantes y activistas políticos durante las protestas, así como para juzgar a civiles ante tribunales militares. Hay mucha preocupación por la seguridad de las personas detenidas, especialmente tras varias denuncias de muertes bajo custodia. Al no tener acceso a abogados ni a visitas de familiares, se dan las condiciones propicias para que se cometan torturas y otros graves abusos.
Garantías diplomáticas
En Europa, si bien a lo largo del último año se dieron algunos pasos hacia el reconocimiento del papel que habían jugado algunos gobiernos en el programa de entregas extraordinarias y detención secreta dirigido por la CIA y hacia la rendición de cuentas, también se extraditó a presos acusados de terrorismo a países donde podían ser víctimas de torturas y/o malos tratos.
En los últimos años, países como España, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Suecia han transferido detenidos a países cuyos gobiernos se sabe que utilizan la tortura –incluso de manera sistemática o generalizada– apoyándose en promesas formuladas por dichos gobiernos de que no torturarán a los detenidos. En realidad, estas llamadas “garantías diplomáticas” y otros acuerdos semejantes no son dignos de crédito y se utilizan para eludir las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados.
Otros lugares como China, Brasil, México o Israel, Costa de Marfil o la República Democrática del Congo ni siquiera precisan de una excusa para aplicar la tortura. Hacen uso de la brutalidad policial, las detenciones arbitrarias, la tortura y otras formas de malos tratos, para reprimir y castigar la disidencia, la libertad de expresión y de conciencia o para silenciar a quienes defienden los derechos humanos.
Las mujeres, en el punto de mira
La discriminación basada en el género hace que, en numerosas ocasiones, los gobiernos y grupos armados decidan elegir a las mujeres como blanco, empleando métodos alternativos o adicionales contra ellas, tanto para humillar y degradar a las propias mujeres por el hecho de serlo, como para silenciar y doblegar la voluntad la de sus familias y comunidades.
Un ejemplo reciente se ha producido en Egipto. Varias manifestantes detenidas en la plaza de Tahir de El Cairo en marzo pasado presentaron denuncias de tortura. Al menos 18 mujeres fueron puestas bajo custodia militar. Según los informes, fueron golpeadas, les aplicaron descargas eléctricas, las sometieron a registros corporales sin ropa mientras soldados varones las fotografiaban, y fueron obligadas a someterse a “pruebas de virginidad”.
Las mujeres a quienes se considera poseedoras de una identidad religiosa, racial o migratoria especial y las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero se enfrentan a formas particulares de discriminación y son víctimas de abusos contra sus derechos humanos. Si además asumen un papel activo como agentes del cambio, se hacen activistas o defienden los derechos humanos, desafiando a quienes intentan imponer unas normas de género discriminatorias, son objeto de persecución por un doble motivo: por lo que son y por lo que hacen.
España: el empeño de negar la evidencia
La falta de medidas de los sucesivos gobiernos españoles para tratar el problema de la tortura ha exacerbado un clima de impunidad que fomenta la aparición de nuevos casos de maltrato año tras año. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en varias ocasiones a España por no investigar de manera adecuada las alegaciones de tortura. En 2010, continuaron estas denuncias. Tampoco se tomaron medidas para recopilar y publicar datos sobre casos que pudieran suponer violaciones de derechos humanos contra personas bajo custodia policial, como establecía el Plan de Derechos Humanos aprobado en 2008.
Aunque en mayo de 2010, Naciones Unidas recomendó a España la abolición del régimen de incomunicación a personas sospechosas de actividades “terroristas”, el Gobierno volvió a rechazar estas recomendaciones. España es el único país de la Unión Europea que conserva un régimen de detención con restricciones tan severas de los derechos de las personas detenidas. Éstas pueden verse privadas de acceso efectivo a un abogado o a un médico de su elección, y no tienen la posibilidad de informar de su detención a su familia ni a sus amistades. La detención en régimen de incomunicación puede imponerse antes o después de que la persona detenida comparezca ante una autoridad judicial y puede alargarse hasta 13 días.
Las denuncias de tortura y otros malos tratos formuladas por detenidos que han estado en régimen de incomunicación demuestran las graves consecuencias que este régimen de detención puede tener. La organización ha pedido su derogación en múltiples ocasiones, así como la garantía de protección efectiva de los derechos de todas las personas privadas de libertad, conforme a las normas internacionales.
Información adicional
Pese a la prohibición universal de la tortura, no hay ninguna región del mundo que esté libre de esta violación de derechos humanos. A raíz de la presión de Amnistía Internacional y de otras organizaciones, las Naciones Unidas adoptaron la Convención contra la Tortura en 1984.
Aunque 147 países han ratificado este tratado internacional, la tortura sigue siendo una práctica generalizada.
